Lo que parecía un golpe contundente contra Rubén Rocha Moya, sus hijos, el senador Enrique Inzunza y los otros nueve acusados, en realidad llegó con una ventana de oxígeno generosa. La Unidad de Inteligencia Financiera emitió el Acuerdo 156/2026 el 6 de mayo y lo notificó a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dando a las instituciones un plazo de 10 días hábiles para ejecutar el bloqueo total.
En la práctica, esto significó que durante más de una semana los señalados pudieron seguir operando sus cuentas, realizar transferencias, sacar efectivo y mover activos antes de que el congelamiento entrara en vigor por completo. El plazo se cumple justo esta semana, alrededor del 19 o 20 de mayo, y será hasta entonces cuando las cuentas queden realmente paralizadas.
Para rematar, la propia presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el viernes pasado que desconocía el bloqueo. “No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento”, respondió al ser cuestionada sobre el congelamiento de las cuentas de uno de los gobernadores más sensibles políticamente del momento.
La pregunta que hoy crece en redes y en círculos políticos es simple: si Estados Unidos ya acusaba a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios desde el 29 de abril, ¿por qué darles una ventana legal de 10 días para preparar la salida de sus recursos? Para muchos, no fue un error, fue diseño.
