Los números explican la jugada. A escasas semanas del 30 de junio, fecha límite para vincular cada línea celular con la CURP, apenas el 17% de los más de 150 millones de líneas activas en México se han sumado al padrón. La gran mayoría se niega abiertamente, y desde sectores de Morena ya se proponen sanciones económicas para forzar el registro.
La presión apunta a endurecer el Artículo 114 Bis. Hoy las multas están dirigidas a autoridades y empresas que no acepten la CURP biométrica como identificación válida, con sanciones que van de 1.17 a 2.34 millones de pesos. Pero crece la propuesta interna de extender o reforzar ese marco para que el ciudadano que no registre su línea también enfrente consecuencias económicas, no solo la suspensión del servicio.
El gobierno dice que necesita la base de datos para combatir la extorsión telefónica y la suplantación de identidad. Pero la confianza ciudadana está rota. La filtración del propio celular y correo de la presidenta Sheinbaum, los hackeos a la Sedena y al Consejo de la Judicatura demuestran que el Estado no logra proteger ni sus propios datos.
La resistencia ciudadana sigue creciendo. La gente recuerda que en 2022 la Suprema Corte ya tumbó el PANAUT por considerar la recolección biométrica como “desproporcionada”. Hoy organizaciones civiles, abogados y usuarios exigen frenar la imposición y advierten que cualquier intento de aplicar multas a los ciudadanos chocará con la Constitución.
El dilema sigue sobre la mesa: el 1 de julio se quedan sin línea quienes no se registren, y ahora podría sumarse una multa. Pero millones de mexicanos se mantienen firmes. Para ellos la respuesta es clara: los datos personales no son moneda de cambio para usar un teléfono.
