Las tres operadoras más grandes de México le dieron la espalda al registro nacional de telefonía móvil. En conjunto solicitaron de manera formal que se cancele el padrón obligatorio, asegurando que pone en riesgo los datos personales de millones de usuarios.
El argumento de las empresas es contundente: implementar y mantener el sistema costaría más de 4 mil millones de pesos, una inversión enorme que, según ellas, no garantiza frenar las extorsiones ni los fraudes telefónicos, que era justamente el objetivo del registro.
Y los números les dan la razón. De más de 160 millones de líneas activas en el país, apenas poco más de 30 millones se habían registrado. El plazo vence el 30 de junio, pero con más del 80% de las líneas en modalidad prepago, donde la gente cambia de chip todo el tiempo, controlar el padrón se volvió prácticamente imposible.
Mientras tanto, especialistas advierten que un registro masivo así podría abrir la puerta a filtraciones y vulnerabilidades graves si no hay seguridad digital sólida. El debate sigue abierto: cómo combatir el delito sin exponer la privacidad de millones de mexicanos.
