Otros dos presuntos implicados en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron ejecutados. Sí, ejecutados. Igualito que el primer homicida, el joven Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de apenas 17 años, que también “misteriosamente” terminó muerto en cuanto tocó terreno de autoridad.
Los restos de los otros dos, uno de ellos de 16 años, aparecieron tirados junto a la carretera Uruapan–Paracho. La Fiscalía lo confirmó, y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla —sí, otro cuadro de Morena explicando el caos como si fuera lo más normal del mundo— terminó aceptando que “también participaron en el homicidio”.
Qué conveniente: tres implicados, tres ejecutados. Caso cerrado… sin necesidad de jueces, ni juicio, ni investigación. La 4T en su estado puro: si no hay culpables vivos, tampoco hay preguntas incómodas.
El ejecutado principal, Miguel Ángel Ubaldo, ni siquiera murió en un enfrentamiento. Según la Fiscalía, fue abatido cuando ya estaba sometido y detenido por los propios policías municipales que —qué coincidencia tan bonita— eran escoltas del alcalde Manzo.
O sea, lo tenían arrestado… y aun así “se les murió”.
La magia de la transformación.
Para coronar la comedia, Bedolla asegura que la muerte de los otros dos también fue “validada” por Omar García Harfuch. ¡Ah bueno! Si Harfuch lo dice, entonces todo está “fidedigno”, aunque los únicos testigos que podrían contradecir la versión oficial ya estén bajo tierra.
Integrantes del gabinete de seguridad se pasearon por Michoacán, se tomaron la foto, prometieron “acciones focalizadas” contra la extorsión —esas promesas de siempre que no llegan a ningún lado— y luego se fueron muy campantes.
Mientras tanto, Uruapan continúa en manos del crimen, los responsables están convenientemente muertos y la narrativa oficial queda limpia, planchada y sin cabos sueltos… porque los cabos sueltos ya los ejecutaron.
